Autor: Perfecto Andrés Ibáñez
El Derecho penal y procesal penal han experimentado cambios radicales en los últimos años. Pero estas modificaciones no han implicado necesariamente una mejora del sistema o una optimización en la protección de los derechos sino, en muchos casos, la introducción en nuestros ordenamientos de visiones utilitaristas y pragmáticas, que consideran importante la eliminación de instituciones tradicionales para reducir los costos de una justicia penal que ve cómo, cada año, aumentan sus causas y la duración de las mismas, la sentencia penal, el principio de oportunidad, la tutela jurisdiccional entre otros ítems. Temas que son claves para un adecuado entendimiento de las variaciones que ha sufrido esta rama jurídica que la presente obra explica como acercamiento a un Derecho Penal para el siglo XXI.
El instrumento jurisdiccional rectamente entendido podría permitir algunas modulaciones, pero más bien escasas y de alcance muy limitado. Porque si los derechos fundamentales sustantivos (la libertad, la intimidad) toleran —siempre más mal que bien— ciertas restricciones de orden procesal, no cabe decir lo mismo del más fundamental de los que vertebran el proceso penal, es decir, del derecho a la presunción de inocencia y sus implicaciones.
Ésta es una idea que ha de presidir cualquier tratamiento del asunto. De modo que si desazona, como debe desazonar, el uso permanentemente ampliado del derecho punitivo, la inteligencia constitucional del problema, tendría que llevar justamente a poner coto a la degradación en curso de los instrumentos procesales. Anticipando el umbral de la preocupación, para proyectarla críticamente sobre un antes del proceso. Sobre los habituales usos abusivos y desviados del derecho penal, que de teórica única o extrema ratio ha pasado a convertirse en ordinario instrumento de (mal) gobierno de graves problemas sociales desatendidos en su ámbito propio. Poder judicial, en recto sentido constitucional, es sólo la jurisdicción. Y ésta únicamente el acto de decir el derecho en situaciones de conflicto, competencia de un sujeto institucional independiente e imparcial, cuya potestas se halle circunscrita por un constrictivo marco de garantías. Fuera de este preciso esquema no hay jurisdicción, sino otra cosa, por más que pudiera ser, oficial o nominalmente, un juez quien la administre
Contenido
Prólogo
Capítulo I
EL OFICIO DE JUEZ, HOY
Capítulo II
POR UN MINISTERIO PÚBLICO ‘DENTRO DE LA LEGALIDAD
Capítulo III
TUTELA JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS
Capítulo IV
LAS GARANTÍAS DEL IMPUTADO EN EL PROCESO PENAL
Capítulo V
LA SENTENCIA PENAL
Capítulo VI
“JUSTICIA” DE OPORTUNIDAD: UNA ALTERNATIVA NO JURISDICCIONAL AL PROCESO PENAL
Capítulo VII
VEINTICINCO AÑOS DE PODER JUDICIAL ENTRE CONSTITUCIÓN Y CRISIS
Capítulo VIII
PROCESO PENAL: ¿QUÉ CLASE DE PUBLICIDAD Y PARA QUÉ?
Capítulo IX
FALACIAS EN LA JURISPRUDENCIA PENAL